El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Abogado del Estado contra el Tribunal Supremo, que intentaba evitar la demolición de la Biblioteca Pública del Estado argumentando para ello que las bibliotecas públicas forman parte del  patrimonio histórico español y, según la legislación española, hay que preservarlas. Tampoco ha funcionado la idea de pactar con los vecinos que denunciaron la situación de la biblioteca. No obstante, aún se puede presentar un recurso de casación a la resolución del TSJC.
Por otro lado, también se ha desestimado el recurso de reposición contra la providencia que multó con 500 euros al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria por no ejecutar el derribo de la Biblioteca.
¿Qué ocurrirá con la BPE de Las Palmas?

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