ARCHIVOS PARA LA TRANSPARENCIA Y CONTRA LA CORRUPCIÓN
Víctor M. Bello Jiménez
Doctor en Historia por la U.L.P.G.C
El día 8 de junio de 2015, un día antes de la celebración del Día Internacional de los Archivos, el diario El País resalta en un titular la “Indiferencia ciudadana con el portal de transparencia”. Según cuenta la crónica, el portal de transparencia que el Gobierno estrenó el día 10 de diciembre de 2014, ha recibido solamente 1.900 peticiones de información. ¿Significa ésto que no era tan necesario como se decía? Obviamente, no. Porque la democracia significa tener opciones, no que todos los ciudadanos tengan la obligación de acceder a ellas. Mas al contrario, es necesario potenciar este tipo de portales, con los que, en mi opinión, deberían contar todas las instituciones para que los ciudadanos, cuando lo deseen, puedan conocer cómo se les está gobernando, y en qué se gasta su dinero, ya sea en obras o en viajes, etc.
No cabe la menor duda de que tanto para el desarrollo de estos portales como para que exista una transparencia veraz, son necesarios unos archivos perfectamente gestionados. Lo cual puede, asimismo, ayudar a luchar contra la corrupción tan perniciosa para un sistema democrático. Y creo que esto se puede formular de la siguiente manera:
Mayor gestión documental = Mayor acceso a la información
Mayor acceso = Mayor transparencia
Mayor transparencia = Menor corrupción
Por tanto,
Mayor gestión documental = Menor corrupción
La realidad es muy diferente. El valor de los archivos y de los documentos ha sido subjetivado por parte de quienes han ostentado y ostentan el poder en la administración. Su atención se centra fundamentalmente en aquellos documentos que les pueden reportar algún beneficio, ya sea institucional o personal; y para favorecer actuaciones ilícitas muchos documentos son adulterados en el mismo proceso de tramitación con lo que alteran la transacción en beneficio propio. Estos documentos pueden ser testimonios esenciales para depurar responsabilidades en la administración, la cual puede ser posibilitada mediante la potenciación de sistemas de archivos, políticas archivísticas y de transparencia eficaces, sancionándose su incumplimiento.
Pero, ¿es esto posible con la realidad de muchos archivos en Canarias? El siguiente mapa refleja los municipios que cuentan con archiveros profesionales al frente, lo que conlleva al desarrollo de proyectos de gestión encaminados a favorecer el acceso a la información:
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| Imagen: Víctor M. Bello Jiménez |
Aunque los datos corresponden al año 2013, no han cambiado de forma tan significativa como para que no podamos extrapolar las conclusiones al momento actual. Por lo que podemos colegir unas cuestiones más: ¿pueden garantizar transparencia aquellas instituciones que ni tan siquiera tiene sus archivos medianamente organizados? ¿es posible acceder a todos los documentos que custodian estas administraciones públicas? ¿se cumple la normativa referida a acceso a la información? Por desgracia, todas las respuestas a estas preguntas y otras que podríamos hacernos, son negativas.
La conclusión es evidente, si mayor gestión documental puede significar mayor transparencia y menor corrupción, en Canarias urge implantar políticas archivísticas adecuadas al momento democrático que vivimos (véase la voz
Política archivística).
Previamente a su implantación, han de tenerse en cuenta algunas consideraciones: toda política archivística, su diseño e implantación, debe ir precedida de un principio filosófico (la razón por la que se diseña), una razón social (el modo en que repercutirá en la sociedad) unos postulados teóricos (formación e investigación), una metodología (modelo archivístico), y un desarrollo posterior de la política archivística diseñada (legislación, instalaciones, personal, etc.). Para adecuar esto, creo que es necesario concatenar una secuencia de actuaciones que conduzcan hacia su solidez: una formación reglada de los profesionales, incentivar la investigación y desarrollo en materia de gestión de documentos y archivos, dictar normas de obligado cumplimiento con un sistema de supervisión por parte de las autoridades superiores en la jerarquía administrativa y, finalmente, su implantación. Esto significa que en su desarrollo deben implicarse diversos agentes: legisladores, políticos, universidades y profesionales. Todos deben conformar los pilares de un mismo edificio, que es el de una administración segura, transparente y de calidad que dé garantías al ciudadano de que tantos sus derechos son respetados como que su memoria colectiva se construye de forma adecuada y con el menor sesgo posible.
La democracia ha aportado a los archivos una legislación que era muy necesaria, pero es ineludible que se cumpla en todos sus preceptos. Es decir, existe hoy más legislación que en tiempos pasados, pero su cumplimiento continua siendo precario, por lo que el momento actual lo podemos identificar bajo el lema “cada vez más…”, dado que cada vez existen más archiveros en las administraciones, más inversión en los las instalaciones y tecnología, etc., pero es necesario que se desarrolle el lema “cada vez mejor…”, unido a la plena atención a todos los archivos canarios.
(Nota del autor: el presente texto ha sido extraído de mi tesis doctoral Políticas archivísticas y actuación del poder en la administración local canaria (siglos XV-XXI). Así como de la comunicación presentada en el Encontro Internacional de Arquivos celebrado en Évora en octubre de 2014, bajo el título “Corrupción y archivos: identificación de tipologías y medidas paliativas». Email de contacto: vmbj1972@hotmail.com).
